Uber en Uruguay: Un proyecto con muchas interrogantes

Luego de 8 meses de discusiones, y una decena de manifestaciones, la Comisión de Tecnología de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Regulación de Apps, remitiéndolo a estudio parlamentario.

Si hay algo para destacar del trabajo de la comisión y que creo sería un buen camino a seguir recorriendo cuando se discutan estos temas, es la capacidad para escuchar a todas las delegaciones que tuvieron algo para decir ante ellos. Por allí pasaron cámaras empresariales, sindicatos, técnicos, abogados, sociólogos, choferes, de todo un poco. Cada una de sus comparecencias están publicadas en el sitio web del Parlamento, aunque encontrarlas en ese laberinto ya es otra cuestión.

Personalmente, pienso que la mayor parte del proyecto finalmente aprobado y que pasa a estudio del Parlamento, es innecesaria, y no hace más que reiterar conceptos que ya se desprenden del resto del ordenamiento jurídico nacional. ¿Es necesario decir que los servicios que se prestan en nuestro territorio se rigen por el derecho Uruguayo? ¿O que los órganos del Estado deben ejercer los poderes jurídicos que les sean propios?

Los primeros cinco artículos se dedican precisamente a eso: Reafirmar principios generales del derecho, ya vigentes y perfectamente aplicables. Por ejemplo, el principio de especialidad de las Personas Jurídicas estatales, según el cuál estas sólo pueden hacer lo que les está permitido por Ley, siendo ilegítimo todo actuar por fuera de este marco.

Los problemas emergen cuando seguimos leyendo y vamos terminando la norma con los artículos 6 y 7. En ellos creo, se va a centrar la discusión en las Cámaras, y por ello explico algunas inconsistencias que prima facie encuentro.

Más información

El artículo 6 le establece a los titulares de las plataformas (Sea Uber, AirBnb o Cabify) tanto a los destinatarios del servicio de que se trate como a los órganos competentes, “el adecuado acceso a la información que establezca la reglamentación”. ¿Qué información? La Ley deja la puerta abierta a la reglamentación lo cual no brindaría las garantías suficientes para que la administración exceda sus potestades de investigación.

DGI y BPS, ni lentos ni perezosos podrían solicitar no sólo información sobre los conductores sino sobre los usuarios, conocer sus viajes o estadías. Este tipo de vulneraciones a la privacidad de los usuarios no es nueva. No olvidemos que por una Ley de presupuesto se declaró inoponible la Ley de Protección de Datos Personales a la DGI. Tenemos un Derecho Humano pero no ante el propio Estado, ¿Paradoja?

Por su parte, las empresas podrían verse vulneradas al ser requeridas de información privada, que implique, por ejemplo, estrategias comerciales. En definitiva, deberían quedar explicitados en la Ley los límites de la información a pedir.

Exclusión financiera

Por otra parte el artículo 7 indica que ante la constatación de incumplimiento, el Órgano competente le debe comunicar al Juez competente para que tome “las medidas que entienda pertinentes, tales como el bloqueo de las transferencias de fondos o la imposibilidad de concretar cualquier otra operación, desde y hacia las cuentas bancarias de los incumplidores”. El Juez por tanto podrá decretar cualquier medida que entienda pertinente, de las cuales el congelamiento de cuentas o tarjetas es sólo una de ellas. Esta carta blanca abre la puerta para que algún Juez descolgado mandatara por ejemplo bloquear la IP de una aplicación incumplidora, como ha pasado en otros países sin mucho exito.

La redacción además no es clara. Una posible interpretación daría a entender que es el Juez el que decide qué medida entiende pertinente, lo cual contradice el principio dispositivo que rige en los procesos civiles. El juez no tiene potestades inquisitivas (iniciativa), será la Intendencia o cualquiera de los órganos que se presente en el juzgado el que tiene que pedir y fundamentar su petición y el objetivo de la medida a instaurar.

Por otra parte, las medidas previstas son “cautelares” y estas por esencia son tienen una limitación temporal, no son un fin en sí mismo. Este tipo de medidas son instrumentales, buscan ser un medio para salvaguardar derechos que se dilucidarán en un proceso posterior. Tal como está redactado el Proyecto se busca que estas medidas se vuelvan definitivas o sean lo suficientemente fuertes para que el infractor regularice su situación. ¿Qué pasará luego de adoptada la medida? ¿Se le iniciará un juicio civil al incumplidor, con los años y costos que esto implicaría para la administración pública?

A los argumentos jurídicos sumamos la realidad “en los hechos”: Muchos de estos servicios permiten el pago mediante PayPal. ¿Y esto qué importa? Bueno, si el usuario conecta su cuenta PayPal, la aplicación no tiene contacto con la tarjeta de crédito, no sabe cual es la cuenta bancaria “destinataria final”. Así que por más información que se le de a los órganos recaudadores, difícil será bloquear los pagos. Lo único que obtendrán será una cuenta de PayPal (Generalmente un correo electrónico), sobre la cual el Banco Central no tiene ninguna potestad o forma de ejercer presión directamente.*

Conclusión

Por todo esto es que parece más razonable el camino aparentemente seguido por la Intendencia de Montevideo, y que remitiera a la Junta de Montevideo. decimos aparentemente porque no tuvimos acceso al mismo.

Hoy el problema se llama Uber o AirBnb pero este proyecto busca abarcar tanto que va a ser aplicado a servicios que no podemos ni imaginar, bajo la amenaza permanente de quedar obsoleto de la noche a la mañana.

La solución de la Intendencia, que también tendrá sus defectos, parece más sencilla y menos presuntuosa, aplicando la lógica: El órgano competente para regular la actividad se encarga de establecer las condiciones de juego para ese sector específico. Ni más ni menos. Dejemos de definir cuestiones que ya están solucionadas.

Texto del Proyecto

* Quizás sí indirectamente sobre ITAU, único banco en plaza que permite el retiro de dinero de cuentas PayPal, pero esto habría que analizarlo más en profundidad.

3 thoughts on “Uber en Uruguay: Un proyecto con muchas interrogantes”

  1. Pingback: Lo bueno, lo malo y lo feo de Uber en Uruguay - mjackson.uy
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  3. Jhon Caballero M. (@jhoncaballerom) says:

    Uber en Uruguay: Un proyecto con muchas interrogantes – mjackson.uy https://t.co/axwxqJJFhl

  4. Youth Observatory (@YouthObs) says:

    #Uruguay De @mjacksonuy los invitamos a leer:
    Uber en Uruguay: Un proyecto con muchas interrogantes
    https://t.co/BaUoSTJivf

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